El Gobierno español ha aprobado el proyecto de ley que adapta la legislación nacional al Reglamento Europeo de IA, marcando un hito en la regulación de esta tecnología. La normativa, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, busca asegurar que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en España sea ético, inclusivo y beneficioso para los ciudadanos.
Entre las medidas más destacadas se encuentran las sanciones económicas, que podrán alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual de una empresa en los casos más graves de incumplimiento. Asimismo, la ley prohíbe prácticas consideradas de "riesgo inaceptable", como el uso de sistemas de IA para generar deepfakes sexuales sin consentimiento o para manipular el comportamiento de individuos.
La norma también establece la obligatoriedad de una supervisión humana para todos aquellos sistemas de IA clasificados como de "alto riesgo" debido a su potencial impacto en los derechos fundamentales. Además, introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos y la figura del delegado de IA en el sector público para coordinar la aplicación normativa.
El texto subraya la importancia de la transparencia, obligando a identificar claramente los contenidos generados mediante IA, como imágenes y audios, para evitar engaños.