OpenAI y su CEO, Sam Altman, enfrentan una demanda en Florida por las preocupaciones de seguridad que ChatGPT podría suponer para los menores. La demanda, presentada por el fiscal general James Uthmeier, sostiene que OpenAI ha "ocultado" riesgos graves, priorizando el crecimiento comercial y permitiendo que ChatGPT ofrezca contenido dañino, incluyendo información relacionada con violencia, autolesiones o interacciones adictivas para niños.
El documento de 83 páginas califica a ChatGPT como "un producto peligroso en línea donde información dañina... está fácilmente disponible, incluso para niños pequeños". Este caso surge tras una investigación relacionada con un tiroteo en 2025 en la Universidad Estatal de Florida, que llevó a la fiscalía a revisar supuestos chats entre ChatGPT y el atacante. La demanda busca sanciones económicas que podrían ascender a miles de millones de dólares, intensificando el debate sobre la responsabilidad de las empresas de IA por los daños derivados de sus sistemas.