El Gobierno español ha aprobado un proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, adaptando la legislación nacional al Reglamento Europeo de IA. La norma, que ahora se dirigirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, busca asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de esta tecnología y facilitar la distinción entre contenidos reales y virtuales.
La ley establece un régimen sancionador robusto, con multas que oscilan entre los 6.000 euros para infracciones leves y los 35 millones de euros para los casos más graves, como la comercialización de sistemas de IA prohibidos. Entre las prácticas prohibidas se incluyen el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, la identificación de usuarios con ludopatía para incitarles al juego online, y la explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad o discapacidad.
Uno de los puntos clave de la regulación es la lucha contra los deepfakes sexuales creados sin consentimiento, que se han convertido en un problema creciente en internet, afectando especialmente a mujeres y menores. La nueva normativa busca proteger a los consumidores de subsidiar grandes centros de IA y asegura la transparencia y el control sobre el contenido generado por estas herramientas.