El Parlamento Europeo ha avanzado en la adopción de su ambiciosa Ley de Inteligencia Artificial (IA Act). Se han publicado documentos detallando las obligaciones para los desarrolladores de sistemas de IA considerados de "alto riesgo", buscando minimizar los peligros potenciales y asegurar la protección de los derechos fundamentales.
Las nuevas directrices establecen requisitos más estrictos en cuanto a la transparencia, la gestión de riesgos, la supervisión humana y la seguridad de los datos. El objetivo es crear un entorno donde la innovación en IA pueda prosperar, pero siempre dentro de un marco regulatorio que garantice la confianza y la protección ciudadana.